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Luis María Sáez de Jáuregui, Presidente del Instituto de Actuarios Españoles
La previsión social complementaria: hay mucho camino por recorrer

El Proyecto de ley de la reforma fiscal que entrará en vigor en 2015, y que ahora se va a debatir en el Parlamento, introduce ciertas medidas positivas para incentivar la Previsión Social Complementaria, como la exención de plusvalías para mayores de 65 años dedicadas a rentas vitalicias (con un límite de 240.000 euros) o la mejora de las condiciones de los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS); pero también medidas que nos llevan en la dirección contraria, como la bajada a 8.000 euros de los límites de aportación a planes de pensiones y otros instrumentos de previsión.

Debemos tener unas pensiones adecuadas y sostenibles, y esto debe ser una cuestión prioritaria. Así se dice en los informes de la Comisión Europea de 2009 y 2012 sobre el Envejecimiento, el Libro Verde sobre las Pensiones de 2010, el Libro Blanco de 2012, y en los documentos del Parlamento Europeo, en concreto, la Resolución de 21 de mayo de 2013. Y en dichos documentos se evidencia que las pensiones públicas en Europa se enfrentan a un empeoramiento de la relación entre trabajadores y jubilados, y al envejecimiento poblacional.

La citada Resolución del Parlamento Europeo recomienda, nuevamente, un enfoque basado en tres pilares: (i) una pensión pública universal, por reparto; (ii) una pensión complementaria, profesional, de capitalización, resultado de un convenio colectivo, y (iii) una pensión individual del tercer pilar, basada en planes de ahorro privados con incentivos equitativos destinados a los trabajadores con ingresos bajos, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización en cuanto a su régimen de pensión laboral.

En España este enfoque de los tres pilares está recogido desde hace ya casi dos décadas en las recomendaciones del Pacto de Toledo, y en las sucesivas renovaciones de dicho Pacto que tuvieron lugar en 2003 y en 2011, y, sin embargo, está todavía todo por hacer.

En España, del ahorro total de las familias, sólo un 2,8% se ahorra en Fondos de Pensiones y Seguros. Entonces ¿ahorramos poco? No, la tasa de ahorro es similar a la media europea variando entre un 8% y un 11% de la renta disponible, y sabiendo que ahorrar es bueno, el asunto no es cuánto se ahorra, sino cómo se ahorra. Los datos apuntan a que no ahorramos de cara a construir una pensión complementaria, sino para otros fines, destinando un 80% en el ladrillo, y del 20% restante, un 50% está en cuentas corriente y depósitos a corto plazo. En definitiva, ahorros legítimos, pero no están en el vehículo adecuado para complementar la pensión pública. Así, en España, los fondos de pensiones representan el 8,4% del PIB, frente al 77% del PIB en media en los países de la OCDE, siendo el 160% del PIB en los Países Bajos. En definitiva, las pensiones de los ciudadanos pivotan sobre el primer pilar y los otros dos están por construir. Esa labor de construcción es una labor de todos, no sólo del Gobierno, sino de todas las instituciones, fundamentalmente el Parlamento, pero también de las empresas, de los sindicatos, que deben aportar soluciones, y de la sociedad civil, que debe aportar reflexión.

Y en este sentido, me pregunto: ¿las medidas del Proyecto de ley de la reforma fiscal que entrará en vigor en 2015 son acordes a lo establecido por la citada Resolución del Parlamento Europeo? Pues bien, de momento, las medidas aparentan quedarse muy cortas, ya que ninguno de los aspectos de la reforma fiscal incide en incentivar un sistema complementario de pensiones accesible a todos los trabajadores, o basado en incentivos equitativos destinados a los trabajadores con ingresos bajos, y mucho menos a los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores que no tengan los suficientes años de cotización en cuanto a su régimen de pensión laboral.

En definitiva, debemos comenzar ya, con convicción. Es el turno de un debate auténtico del Proyecto de Ley en sede parlamentaria.


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