Opinión|01/02/2015
Julio Ransés Pérez Boga, Presidente de Inspectores de Hacienda del Estado
Un plan especial de comprobación a partidos y a políticos
La corrupción política se define como el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima. Sus consecuencias para un país son devastadoras, pues las decisiones se toman pensando en sus intereses particulares, el gasto público se reduce por sus mordidas, los contratistas se eligen no por ser los más eficientes…
Por ello los poderes públicos deben velar por erradicar estas prácticas, propias de países tercermundistas, que parece que están repuntando en España, según revela la encuesta que elabora Transparencia Internacional, según la cual la percepción de la corrupción ha ido en aumento, pasando del 7 en 2005 al actual 5,9 sobre 10.
Para terminar de perfilar el problema, los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre causas de corrupción abiertas nos informan, a fecha 25 de abril de 2013, que en juzgados y tribunales españoles se instruían el alarmante número de 1.661 causas que afectan a delitos vinculados a la corrupción, como blanqueo de capitales, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, malversación…
Los Inspectores de Hacienda, conscientes del problema, llevamos proponiendo medidas para luchar contra la corrupción desde el año 2005, como el establecimiento de un Plan de comprobación de representantes políticos de todas las Administraciones y de los partidos políticos, así como de aquellos altos funcionarios que deciden a quien se le adjudican los contratos públicos.
Estas medidas son difíciles de aceptar porque los que las tienen que acordar son los mismos sobre los cuales se va a proyectar el control; pero son necesarias por las consecuencias beneficiosas de su adopción. La primera de las consecuencias es que descubriríamos muchos más casos de corrupción de los que actualmente se están juzgando, contribuyendo a regenerar la vida política y económica del país.
Además se reduciría las malas prácticas de algunos partidos políticos que se sirven de fuentes de financiación irregulares y mejoraría el clima de transparencia, regenerando la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos. También mejoraría la conciencia cívica y tributaria y, sin duda, se aceptarían mejor los esfuerzos económicos y sociales que nuestros gobernantes nos están pidiendo.
Por último, destacar el efecto preventivo que tendría en muchos políticos, que ante las mayores posibilidades de ser descubiertos ya no incurrirían en estas decepcionantes conductas.
Por ello los poderes públicos deben velar por erradicar estas prácticas, propias de países tercermundistas, que parece que están repuntando en España, según revela la encuesta que elabora Transparencia Internacional, según la cual la percepción de la corrupción ha ido en aumento, pasando del 7 en 2005 al actual 5,9 sobre 10.
Para terminar de perfilar el problema, los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre causas de corrupción abiertas nos informan, a fecha 25 de abril de 2013, que en juzgados y tribunales españoles se instruían el alarmante número de 1.661 causas que afectan a delitos vinculados a la corrupción, como blanqueo de capitales, falsedades documentales, prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, malversación…
Los Inspectores de Hacienda, conscientes del problema, llevamos proponiendo medidas para luchar contra la corrupción desde el año 2005, como el establecimiento de un Plan de comprobación de representantes políticos de todas las Administraciones y de los partidos políticos, así como de aquellos altos funcionarios que deciden a quien se le adjudican los contratos públicos.
Estas medidas son difíciles de aceptar porque los que las tienen que acordar son los mismos sobre los cuales se va a proyectar el control; pero son necesarias por las consecuencias beneficiosas de su adopción. La primera de las consecuencias es que descubriríamos muchos más casos de corrupción de los que actualmente se están juzgando, contribuyendo a regenerar la vida política y económica del país.
Además se reduciría las malas prácticas de algunos partidos políticos que se sirven de fuentes de financiación irregulares y mejoraría el clima de transparencia, regenerando la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos. También mejoraría la conciencia cívica y tributaria y, sin duda, se aceptarían mejor los esfuerzos económicos y sociales que nuestros gobernantes nos están pidiendo.
Por último, destacar el efecto preventivo que tendría en muchos políticos, que ante las mayores posibilidades de ser descubiertos ya no incurrirían en estas decepcionantes conductas.