Su actividad en la mediación de seguros comenzaba un 11 de junio de 1974, cuando entró a trabajar como agente representante de una aseguradora. En 1982 ya se había establecido como agente libre de seguros y en 1993, con la entonces nueva Ley de Mediación, se convertía en corredor de seguros permaneciendo hasta hoy en la actividad. Es presidente del Colegio de Mediadores de Burgos, presidente del Consejo de Colegios de Castilla y León, y presidente de la Comisión de Corredores del Consejo General, donde es también vocal de la Comisión de Banca seguros.

Una larga trayectoria al servicio de la profesión, ¿cuándo comienza su vinculación con los colegios?

En 1979 me colegié en Burgos y en 1994 fui nombrado vicepresidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Burgos, con las responsabilidades en Ordenación de Mercado, Comisión de Corredores y Formación, ejerciendo actualmente esos mismos cargos. A lo largo de todo este tiempo, he participado en la organización de 9 Cursos Superiores de Seguros en Burgos, uno de experto Judicial en Seguros y más de 140 cursos, conferencias y mesas redondas. También fui director del X Congreso Nacional de Agentes y Corredores de Seguros celebrado en Burgos en el año 2012.

¿Qué líneas de actuación colegial considera que deben abordarse en Burgos y en la comunidad de Castilla y León?

En el Colegio de Burgos debemos dar prioridad a la constante formación e información a los colegiados, sin descuidar el resto de los objetivos profesionales como las relaciones entre las aseguradoras y los profesionales, la lucha contra el fraude (que se ha duplicado desde el inicio de la crisis), la atención al usuario, la difusión de los acuerdos del Consejo General, etc. Además,  desde el Consejo llevamos a cabo tareas de representación de la profesión, tenemos conocimiento de las diferentes actuaciones de los nueve colegios provinciales, trasladamos información a los colegiados, intervenimos en asuntos de defensa de la profesión, realizamos encuentros profesionales, relaciones con las entidades aseguradoras, etc.

¿Cuáles son los principales objetivos de la Comisión de Corredores del Consejo General que usted preside?

Representar a los corredores en el Consejo General, la atención e información a los colegiados,  la defensa de la profesión, las relaciones entre las aseguradoras y los profesionales, vigilar la redacción de las cartas de condiciones, fomentar el Código de Prácticas de Mercado, la difusión de los acuerdos del Consejo General, etc. Un reciente ejemplo: la Comisión de Corredores ha llegado a un acuerdo con una aseguradora de protección jurídica para que, mediante la suscripción de una póliza específica al despacho del corredor, pueda hacer extensiva esa protección jurídica a sus asegurados. Es evidente que esta solución aporta al corredor una herramienta eficaz para la defensa de los intereses de nuestros asegurados, un gran valor añadido.

Hace un año se presentaba en Plan Estratégico de la Mediación (PEM), ¿cómo se está desarrollando la aplicación del mismo?

Durante este primer año se han efectuado unas 14.000 descargas entre mediadores y colegios. Los planes son ajustables a la medida de cada mediador aplicando y priorizando la propuesta de valor. Además, el PEM está siendo muy bien acogido por las aseguradoras y recibiendo un gran apoyo a su implantación por numerosas entidades.

A nivel individual, los mediadores van implementando el PEM, pero acertadamente están surgiendo los talleres que se imparten en varios colegios y los equipos PEM, un grupo de agentes y corredores que se reúnen para desarrollar conjuntamente el Plan Estratégico de la Mediación. Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diversos puntos de vista   y trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica resultados. El PEM es una realidad y vital para el futuro de nuestra profesión, con mas de 500 años de existencia dando asesoramiento y servicio al asegurado.

¿Cuál es el cometido de la Comisión de Banca seguros del Consejo General, donde participa como vocal?

La comisión se creó en marzo 2012 ante la multitud de quejas y documentación aportadas por los diferentes colegios al Consejo General a causa de las malas prácticas ejercidas por banca seguros. Su principal actividad es analizar la información aportada y documentada proponiendo acciones al Consejo. Por ejemplo, un amplio e importante estudio socioeconómico sobre la actividad de banca seguros que he tenido la satisfacción coordinar en colaboración con el director jurídico-técnico del trabajo, José Carlos Cutiño Riaño.

¿Qué es lo más destacable de este estudio?

De entrada, constituye una herramienta útil y gráfica, muy sistematizada, que pone de manifiesto cómo se han desaprovechado y desfigurado de forma interesada las posibilidades del vigente marco normativo hasta el punto de que la leonina Directiva Europea se haya vendido como un avance. Pero, sobre todo, el informe aporta una encuesta entre los usuarios que pone cifras a lo que era el secreto a voces de las prácticas que ha venido desarrollando la banca seguros y las nuevas amenazas que se ciernen por el acceso de la misma a los datos de sus clientes y las debilidades de las barreras legales existentes y los organismos administrativos tutelares. A todo ello hay que sumar una acertada interpretación del nuevo marco de transparencia que perfila la sentencia del Tribunal supremo sobre las Cláusulas Suelo, que aporta elementos muy interesantes aplicables a las condiciones de los créditos que pretendan condicionar sus elementos esenciales.

¿Es obligatoria la suscripción de un seguro con una entidad determinada cuando contrata un préstamo hipotecario?

Es evidente que una entidad financiera no puede imponer una determinada entidad aseguradora pero se le consiente. Los bancos han irrumpido en la venta de productos de seguros, aprovechando el desconocimiento de los usuarios sobre estos asuntos, y también aprovechando la pasividad del sector asegurador. Si jugáramos con las mismas reglas, en un mercado sin patentes de corso para las prácticas abusivas, todos los canales podríamos poner en valor nuestras virtudes para decantar la elección del consumidor en función de nuestras características y de sus prioridades, necesidades y preferencias. Habría sitio para quien demanda la asistencia personalizada y profesional, para quienes optan por el producto masa de fácil contratación o para quienes optan por el producto combinado. Pero para eso el consumidor tiene que tener la posibilidad de elegir, algo que a día de hoy –con frecuencia- no se da.

¿Cómo ha evolucionado la cuota de mercado de banca seguros en los últimos años y cómo ha afectado esta evolución a la mediación profesional?

Mediante la imposición en la contratación de seguros, la banca está acaparando la venta del seguro, en menoscabo de los intereses de los profesionales de la mediación y en perjuicio de los derechos e intereses de los usuarios y esto es algo cuantitativamente constatable e indiscutible.

La normativa de seguros, ¿da carta blanca a estas malas praxis?

El actual marco normativo debería servir para -al menos- evitar la imposición de seguros a los consumidores y para garantizar la transparencia y libertad del mismo en la elección de productos vinculados al crédito. El problema es que la banca es muy agresiva en la comercialización, aprovecha los resquicios legales y se vale de la inactividad de los órganos reguladores y la poca predisposición del usuario a atacar los abusos con lentos y costosos procesos judiciales. Además, el marco normativo tampoco permite usar los datos de las operaciones bancarias de los clientes para ofrecerles productos personalizados sin su consentimiento informado, y sin embargo vemos como se generalizan estas malas prácticas, sin que exista una reacción contundente para sancionarlas. El problema no es la norma, sino su deficiente aplicación.

¿Qué valoración cabe hacer de la nueva normativa europea, que al parecer dará aún mayores facilidades a la banca para imponer sus productos a los clientes?

Objetivamente la nueva Directiva Europea sobre préstamos hipotecarios es una norma trampa, que por un lado prohíbe –supuestamente- la imposición de productos vinculados a los préstamos hipotecarios, mientras que por otro lado establece excepciones tales que permiten imponer planes de pensiones o seguros de jubilación por el mero hecho de que el plazo de amortización del mismo alcance a dicha edad, o –aún peor- cualquier tipo de seguro bajo la simple argumentación de que el producto conjuntamente considerado resulta ventajoso para el consumidor en términos de mercado. No imaginamos al consumidor tratando de demostrar lo contrario ante las administraciones tutelares.

Las prácticas abusivas por parte de la banca, ¿están generalizadas o existen entidades financieras que sí respetan las normas del juego?

Generalizar suele ser peligroso y casi siempre injusto. La cuestión es que –con independencia de las políticas de comercialización de seguros más o menos agresivas que puedan establecerse por la entidad bancaria– el eslabón final de la cadena, el empleado de banca, tiene vinculado el cumplimiento de sus objetivos a la venta de seguros y otros productos financieros, lo que fomenta actitudes de comercialización sustentadas en el interés propio y no el del cliente. La CNMV ya ha hablado de la inconveniencia de este sistema en los productos financieros, claramente lesivo para los usuarios, y se echa de menos que la Dirección General de Seguros adopte posiciones similares sobre la venta bancaria de seguros.

Los instrumentos profesionales, empresariales y sobre todo institucionales de la mediación, ¿pueden impulsar cambios respecto a la actual situación?

Al menos debemos intentarlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Aunque resulta obvio que el principal perjudicado en sus derechos por las malas prácticas es el consumidor, éste tiene escasos argumentos y recursos para plantar cara a la banca por sí solo. Debemos volcar nuestros esfuerzos en esa tarea de denuncia y seguir haciendo una labor de información y reivindicación. Nadar a contracorriente puede resultar frustrante cuando no se perciben avances, pero al menos evita retroceder… Y la mediación profesional no se puede permitir seguir perdiendo cuota de mercado por esa competencia desleal sin desplegar todos sus recursos corporativos.

¿Qué papel juegan en ello los colegios?

Los colegios deben ejercer un papel de liderazgo de la profesión a la hora de alzar la voz en defensa del valor añadido de la actuación del mediador tradicional, poniendo de manifiesto las diferencias cualitativas con la banca seguros, e impulsando las medidas deontológicas y de autorregulación del sector profesional para reforzar su posición de prestigio frente a esos otros canales que se sustentan en la imposición y la falta de transparencia. Pero para ello deben contar con el impulso de sus colegiados, que son los que les dotan de la fuerza y la representatividad imprescindibles en una batalla muy desigual pero irrenunciable.

¿Qué más se puede hacer desde los colegios para que los distintos operadores del mercado trabajen en igualdad de condiciones?

Pensar en un escenario de futuro equitativo probablemente sea una utopía, pero perseguir la utopía inalcanzable sirve para avanzar. Los colegios deben persistir en su actividad de denuncia y de divulgación de las malas prácticas, incidir en que el profesional ponga en valor su aportación a una contratación formada, informada y de calidad, basada en una relación de asistencia y permanencia frente al producto impuesto e interesado de la banca. En tal sentido, el Consejo General ha puesto todo su empeño en el Plan Estratégico de la Mediación como hoja de ruta necesaria para acometer el reforzamiento de la posición de la mediación en el mercado, un plan que puede y debe verse acompañado por un fortalecimiento deontológico de la práctica profesional con instrumentos participativos de consenso social e institucional.

Y, ¿qué pueden hacer los usuarios?

Ante la migración observada de clientes de la propia banca seguros, los usuarios deben comprobar si han cargado en su cuenta, a su vencimiento, la renovación de su póliza habitual o no y si -en su caso- se les ha puesto al cobro el recibo de la prima de otra entidad con la que no tuvieran contrato de seguro. En dichos casos, procedería regularizar con la compañía anterior la situación y anular el cargo de la póliza no solicitada ni contratada, sin menoscabo de presentar la oportuna reclamación ante la autoridad competente, incluso judicial.

Estas irregularidades se suman a otras prácticas en la comercialización y marketing directo de sus productos por los operadores de banca seguros, tanto en los vinculados a la concesión de créditos, como en la captación de pólizas domiciliadas en las cuentas de las entidades financieras por sus clientes, para lo que se demanda a los asegurados la mayor atención ante posibles abusos que puedan sufrir. Y es que, lo más relevante, es que cuando ocurre un siniestro, el asegurado se encuentra solo, dirigido a un teléfono de la aseguradora y sin ningún asesoramiento profesional e independiente.

Y para terminar, ¿un consejo para los mediadores?

La información y formación continua, la constancia y el servicio a sus clientes garantiza el futuro de sus despachos. Adaptarse al Plan Estratégico de la Mediación que le corresponda es una acción necesaria y vital para su devenir profesional.